El 6 de noviembre comenzó el juicio oral por la Causa Cuadernos, llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 7, que tiene entre sus principales imputados a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Oscar Centeno y Roberto Baratta. La causa investiga un presunto esquema de coimas en contratos de obra pública durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
El proceso judicial se desarrolla de manera íntegramente virtual y, desde la semana siguiente al inicio, comenzarán a prestar declaración los 25 empresarios y exfuncionarios que se acogieron a la figura del arrepentido. Estos imputados admitieron ante la fiscalía el pago o recepción de sobornos y buscan obtener mejores acuerdos en caso de ser condenados.
La lista
Para mantener su estatus de arrepentidos y evitar ser acusados por falso testimonio, deberán ratificar en el juicio lo declarado ante la fiscalía. Entre los nombres destacados de esta lista se encuentran Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, ambos vinculados al grupo Impsa; Miguel Aznar, presidente de Vial 3; Alberto Taselli, empresario energético; y José López, exsecretario de Obras Públicas.
También forman parte de esta nómina empresarios y exfuncionarios como Gabriel Pedro Losi (LOSI S.A.), Patricio Gerbi (Coarco), Marcela Sztenberg (Equimac), Benjamín Romero (EMEPA), Jorge Balan y Jorge Neira (Electroingeniería), Claudio Uberti y Claudio Glazman (Grupo Roggio), Juan Chediack y Carlos Wagner (ex presidentes de la Cámara de la Construcción), Héctor Alberto Zabaleta (Techint), Armando Loson (Albanesi), Héctor Javier Sánchez Caballero y Ángelo Calcaterra (Iecsa), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux) y Oscar Centeno, el exchofer que registró las anotaciones que dieron origen a la causa.
La fiscal Fabiana León lidera la acusación, que ahora será juzgada por los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. La investigación se inició en 2018 a partir de los cuadernos escritos por Centeno, que detallaron el circuito de recaudación ilegal de fondos entre empresarios y funcionarios públicos.
Según la fiscalía, la asociación ilícita funcionó desde mayo de 2003 hasta noviembre de 2015, con el objetivo de obtener dinero ilícito a cambio de contratos de obra pública y utilizar esos fondos para enriquecerse y cometer otros delitos. El dinero circulaba entre domicilios privados y oficiales, como la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno, y se distribuía entre diferentes funcionarios.
En este marco, Cristina Kirchner está imputada como supuesta jefa de la asociación ilícita, acusada de recibir fondos a través de intermediarios. Julio De Vido es señalado como el organizador y supervisor del esquema, mientras que Roberto Baratta tenía el rol de recaudar coimas y acompañar a Centeno en las entregas. Este último fue uno de los primeros en acogerse a la figura del arrepentido.
Los testimonios de los arrepentidos incluyen confesiones sobre pagos millonarios en sobornos, cartelización de contratos, coimas relacionadas con represas, concesiones aeroportuarias y subsidios energéticos. La mayoría identificó a Cristina Kirchner y Julio De Vido como los líderes de la red de corrupción.
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