La diputada nacional Lilia Lemoine sufrió un duro revés en el ámbito de la justicia correccional porteña, luego de que se rechazaran de forma unánime sus recursos para frenar la causa en la que se investigan los presuntos agravios y hostilidades cometidos contra Ian Moche, el activista de 12 años que padece trastorno del espectro autista (TEA), y su madre, Marlene Spesso.
A pesar de que la legisladora de La Libertad Avanza había conseguido suspender transitoriamente la declaración indagatoria fijada, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, Rodolfo Ariza Clerici, sepultó los cuestionamientos de la defensa. Con esta resolución, el expediente regresará a la órbita del fiscal de primera instancia Hernán Biglino, quien procederá a reprogramar el llamado a comparecer de la funcionaria.
El origen de la causa se remonta a una denuncia radicada por su par de la Cámara de Diputados, Marcela Pagano, motivada por los dichos públicos de Lemoine en televisión y redes sociales. En aquellas intervenciones, la legisladora acusó de manera directa a la madre del menor de "lucrar con un hijo menor de edad" y forzarlo a "actuar de autista", sugiriendo además que Spesso presentaba desequilibrios psicológicos.
La estrategia de la defensa y el secreto de sumario cuestionado
La defensa técnica de Lemoine había solicitado un "control jurisdiccional urgente" sobre el proceder del Ministerio Público Fiscal (MPF), articulando una serie de cuestionamientos procesales:
Filtración mediática: Los abogados de la legisladora argumentaron que la "repercusión pública nacional inmediata" de la citación judicial constituía una violación a los deberes de resguardo de información sensible, lo que dañaba la reputación de la diputada sobre actos procesales no firmes.
Falta de aval paterno: La imputada puso en duda la validez legal de la querella, argumentando que al estar involucrado un menor de edad, el inicio de las acciones requería la firma de ambos progenitores, un requisito ausente debido a que el padre del niño no intervino en la conformación del rol querellante en marzo pasado.
Restricción probatoria: Lemoine acusó al fiscal Biglino de rechazar de forma arbitraria medidas de prueba orientadas a examinar el entramado familiar de Moche, exigiendo que se investigue si Spesso obstaculizaba el vínculo del menor con su padre.
La respuesta de la querella y el rol de los adolescentes en el Código Civil
Frente a las objeciones presentadas por la legisladora oficialista, el abogado Andrés Gil Domínguez, patrocinante de la familia de Ian Moche, solicitó el rechazo de plano de las nulidades. El letrado calificó el planteo de Lemoine de "medroso e indigno" por tratarse de una figura pública con alta exposición mediática y redes sociales activas que utiliza sistemáticamente para descalificar a terceros.
Asimismo, Gil Domínguez desmontó la impugnación sobre la validez de la querella recurriendo al ordenamiento jurídico civil de la Nación: "El joven ya ostenta la condición de adolescente, por lo cual le asiste el amparo del artículo 677 del Código Civil y Comercial. Dicha normativa presume la autonomía suficiente para intervenir en procesos judiciales de forma conjunta con sus progenitores o de manera autónoma mediante asistencia letrada", detalló el abogado, descartando de plano la necesidad de la doble firma parental.
La postura defensiva de Lemoine también encontró el rechazo del Ministerio Público Tutelar (MPT). La asesora Carolina Becerra, a cargo de la Asesoría Tutelar de Primera Instancia N°4, se dirigió al magistrado de garantías para advertir que la paralización de los plazos procesales solicitada por la diputada lesionaba los intereses y la protección integral del menor afectado.
Por su parte, el fiscal Hernán Biglino refutó las acusaciones sobre la divulgación de las actas y defendió la potestad del MPF para fijar la fecha del procedimiento. El funcionario judicial remarcó que el llamado a declarar no constituye en absoluto un acto coercitivo o perjudicial para el imputado, sino que representa la máxima garantía de defensa para que la legisladora nacional realice su descargo formal. Con el aval del juez Ariza Clerici, la reprogramación de la audiencia es inminente.
