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El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido presentado por la defensa de Diego Spagnuolo para suspender el peritaje de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.
Spagnuolo está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita por supuestas irregularidades en la ANDIS. Su defensa había solicitado la nulidad de la convocatoria al peritaje al considerar que la orden “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”.
Los abogados del exfuncionario sostuvieron que exigir una muestra de voz convertiría a su defendido en “objeto de prueba” sin su consentimiento. Además, cuestionaron la autenticidad de las grabaciones al advertir sobre posibles ediciones y eventuales manipulaciones mediante inteligencia artificial.
En su resolución, Lijo diferenció la garantía constitucional contra la autoincriminación, aplicable a declaraciones de contenido intelectual, de la obtención de datos biométricos, como la voz, que equiparó a las huellas dactilares o al ADN.
También recordó que la Cámara Federal había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros y advirtió que suspender la pericia impediría cumplir con esa instrucción.
“Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento”, sostuvo el magistrado.
Como alternativa ante la negativa del imputado, el fiscal federal Franco Picardi propuso utilizar como material de comparación cuatro entrevistas recientes brindadas por Spagnuolo a los medios Border, Neura, La Nación + y El Observador.
Por otra parte, la defensa designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien solicitó ampliar el alcance del análisis técnico para verificar la cadena de custodia de los archivos, requerir información a Google y YouTube sobre el video difundido en el canal de streaming Carnaval y determinar si el contenido presenta alteraciones, interrupciones o ediciones.
