Esta resolución se basó en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que reconstruyó el flujo de fondos desde las denominadas “Team Libra Wallets” hacia plataformas internacionales. El pedido fue formulado por el fiscal Eduardo Taiano, quien busca impedir posibles perjuicios de difícil reparación y evitar movimientos que puedan constituir el producto del delito investigado.
El informe detalla que entre el 14 y 15 de febrero de 2025, millones de tokens fueron transferidos desde las “Team Libra Wallets” hacia el protocolo descentralizado Meteoro Libra. Posteriormente, esos fondos confluyeron en una billetera intermediaria común y, el 25 de noviembre de 2025, se habrían movido hacia otra dirección identificada como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.
Según el análisis policial, el 10 de mayo de 2026 se inició una salida masiva de fondos mediante un protocolo de interoperabilidad. En ese proceso, 498.539,85 USDT fueron transferidos a una billetera en la red Tron, tras un depósito equivalente en USDC en Solana. Luego, el dinero ingresó a una cuenta de concentración desde donde, mediante una estrategia conocida como pitufeo digital o smurfing, se distribuyó en montos fragmentados a múltiples billeteras para dificultar su rastreo.
Los investigadores también detectaron diecisiete “puentes” de criptoactivos USDC o USDT que unieron la red Solana con la red Tron, todos depositados en una misma billetera. Estas maniobras forman parte de la pesquisa sobre el caso $LIBRA, que comenzó luego de que el presidente Javier Milei promocionara el token en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025.
La denuncia sostiene que el precio del token escaló desde US$0,01 hasta casi US$5 en cuestión de horas, para luego caer abruptamente tras ventas atribuidas a los creadores y actores con acceso a información privilegiada. Más de 40.000 personas sufrieron pérdidas y el retiro de fondos alcanzó aproximadamente los US$100 millones, según la presentación judicial.
En la causa están señaladas las empresas Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, del estadounidense Hayden Davis, como parte de la creación y lanzamiento del token. También figuran imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el propio Davis. Recientemente, el juez apartó a querellantes que se presentaron como inversores damnificados, decisión que fue apelada ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, lo que mantiene en curso la disputa judicial en torno a esta causa.
