El escándalo se generó luego de una serie de publicaciones en las redes sociales y se sumó al de gastos en catering. La ministra pidió de inmediato la renuncia a Constanza Cassino, medida que fue anticipada por el vocero presidencial.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a la Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia, Constanza Cassino y el pedido de la funcionaria fue luego de "tomar conocimiento de la situación relacionada con la cafetera", electrodoméstico por el que se abonó $1.917.000.
Cassino cumplió con la voluntad de la ministra y a través de una nota presentó su dimisión.
"Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentar mi renuncia a partir del 31 de octubre de 2024, al cargo de Subsecretaria de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia", reza el documento.
Lo cierto es que la compra tomó notoriedad cuando el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, lo expuso desde sus redes sociales a través de un mensaje que tituló "los privilegios de Pettovello".
"El cafecito con espuma con sobreprecio ($1,917,000) y los triples del catering de Pettovello (3 palos sospechosamente redondos) se pagan con 6444 raciones de almuerzo según el PNUD, ese que esta rocha perfumada le niega a los pibes", planteó.
En la misma línea, remarcó: "El sueldo que la desnutridora cobra para dar charlas de nutrición (4 palos) vale por otras 5254 raciones. Ni sabemos de los sobresueldos pagados por la OEI repartidos entre personajes prostibularios, cirujanos plásticos y defensores de violines... la justicia está lentejuela con el asunto. Pagate el café vos, rata de lupanar".
Adelanto
Ese fue uno de los mensajes más fuertes contra la Pettovello, pero se acumularon otros. Debido a que las críticas a la Casa Rosada comenzaron a elevarse, y afectaron también a la encargada de la política alimentaria, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo -ya que desde ahí se hizo la contratación y se instaló la cafetera-, este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, notificó la expulsión de una funcionaria del área.
"En cuanto la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se enteró de la situación de la compra de la cafetera, le pidió la renuncia a la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia", informó Adorni.
Adjuntó a su mensaje de la red social X el documento que constató la partida de Constanza Cassino, quien ejercía ese rol y había sido designada en agosto de este año en el Boletín Oficial, para reemplazar a Guillermo García Eleisequi, que partió como una de las bajas que se dio en el goteo constante del ministerio más grande que tiene la administración de Milei.
La abogada, graduada en la Universidad Católica Argentina (UCA), tuvo antes un paso por el Ministerio de Modernización en el gobierno porteño, durante la gestión de Mauricio Macri.
La documentación sobre esos dos pagos comenzó a circular por la tarde del martes en redes sociales y algunos medios, y dejó en el centro de la polémica a Pettovello, que está de gira por Europa. Incluso, destacaban en los posteos que el precio al que el oficialismo compró la cafetera Philips automática ($1.917.000) es mayor al que se ofrece ese mismo modelo en la web de la marca, que pide poco más de $1,4 millones para adquirirla.
Inmediatamente, desde el entorno de Pettovello aclararon que si bien se trata de un formalismo, el monto no es significativo a la cartera sino que responde a la política de terminar con los gastos innecesarios que le atribuyen a "la casta".
Potenciar Trabajo
Con este caso, el ministerio de Capital Humano volvió a quedar en el centro del debate, luego de que la Justicia ordenara al gobierno de Javier Milei volver a pagar a cientos de trabajadores a quiénes les dio de baja al plan Potenciar Trabajo.
Desde la cartera dirigida por Pettovello justificaron que los mismos habían sido cancelados debido a que sus altas en el programa presentaban irregularidades.
El fallo, que fue firmado por unanimidad por los jueces Mirtha Sotelo, Selva Spessot y Luis González, le ordena al Gobierno a pagarle a los trabajadores cuatro meses del programa Potenciar, con intereses, por los meses que van desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024 inclusive.
Según las justificaciones de los magistrados, las ocho familias afectadas por la decisión oficial están en una situación de "alta vulnerabilidad social y económica". De esta manera se revocó una decisión previa del juez Juan Carlos Vallejos.
Por otro lado, el abogado de las familias demandantes, Juan Manuel Cubilla Podestá, detalló que tiene más demandas pendientes por cerca de 100 correntinos.
FUENTE: EL LITORAL
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