Se trata de Coxtex, una de las firmas que emitía facturas para justificar gastos ante el Ministerio de Desarrollo Social. La AFIP la tenía en la mira desde 2022, pero nunca la suspendió. Infobae accedió a las conclusiones de aquella inspección
El 30 de agosto de 2022, la AFIP cerró una inspección sobre la firma Coxtex y concluyó que se trataba de una usina de facturas, sin capacidad económica ni financiera. Por ese motivo, decidió incluirla en la base E-Apoc, donde están todas las empresas que emiten facturas apócrifas. Casi dos años después, esa firma es parte de la investigación judicial que involucra al Polo Obrero y a sus principales dirigentes. La Justicia sospecha que Coxtex emitió varias facturas para “justificar” supuestos gastos de esa organización.
Aquella inspección de la AFIP, incorporada a la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, demostraba la llamativa actividad que tuvo Coxtex en los meses posteriores a su creación, en octubre de 2020. En el primer semestre de 2021, emitió facturas por un total de $115.531.342,83. Y en el segundo semestre de año, trepó a $226.074.302,49, según consta en el informe al que tuvo acceso Infobae.
No es todo. Entre enero y febrero de 2022, el mismo año de la inspección, Coxtex facturó por $139.119.572,65. En total, son más de $480 millones en apenas trece meses. “La última facturación importante es de febrero de 2022, después aparecen montos menores hasta julio de ese año”, apuntó un investigador.
Los sabuesos de la AFIP visitaron los domicilios particulares de los dos “socios fundadores” de Coxtex: María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, el misterioso “canadiense”. La investigación alertó a los involucrados aunque para ese entonces la sociedad ya había sido prácticamente desactivada. En el celular de Vega aparecieron mensajes sobre ese conflicto. “Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no puede ser ubicada. Vinieron a casa”, le avisó una mujer identificada como Gabriela Anahí Rivero el 24 de octubre de 2022.
Tres días después, Vega le hizo saber a esa mujer que estaba molesta con la situación: “Anita recién pasó el hombre de la AFIP (...) me desvinculó de todo. Hay muchas empresas a mi nombre: Recinsur. VSP. Coxtex”.
Efectivamente, Vega y Pichuaga también habían prestado su nombre para crear otras tres sociedades durante 2020: Consuting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL.
Vega es una mujer humilde. Cuando le allanaron su casa no estaba. Al rato se presentó de manera espontánea junto a su pareja, un albañil de 55 años. La Policía la requisó y encontró el teléfono de la marca Samsung que luego fue peritado.
Pichuaga también fue allanado hace un mes. En su domicilio, un modesto PH en el barrio de Floresta, la Policía secuestró un documento de la AFIP fechado el 27 de octubre de 2022 y firmado por el inspector Norberto Andrade.
La investigación del organismo recaudador ya había determinado para ese entonces que Coxtex, supuestamente dedicada a vender equipos y programas informáticos, tenía un solo empleado registrado aunque facturaba millones. “Presentó DDJJ (formulario 931) por los períodos 02/2021 al 10/2021 en cero”, dice el documento sumado a la investigación judicial.
La conclusión de los sabuesos fue determinante: “Se observa la emisión de facturas electrónicas con importes significativos, imposibles de ser realizadas por una sociedad sin capacidad económica y financiera exteriorizada para poder llevarlas a cabo”. Por ese motivo, la empresa fue incorporada a la base E-Apoc.
La historia de Coxtex se reflotó hace dos meses cuando la Justicia comenzó a investigar las facturas que aportó el Polo Obrero para justificar sus gastos ante el Ministerio de Desarrollo Social. La otra firma apuntada es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”. En total, esas dos sociedades aportaron facturas por un total de $25 millones de pesos.
Con esos datos, el 21 de mayo el juez Casanello mandó a la Policía Federal a la AFIP para pedir toda la información disponible sobre las dos empresas y sus socios. En concreto, reclamó declaraciones juradas, información sobre automotores, aeronaves, embarcaciones, propiedades, cuentas bancarias, y hasta fiscalizaciones o denuncias penales contras los involucrados.
El organismo recaudador contestó, entre otras cosas, que la empresa Rumbos “no registra presentaciones de declaraciones juradas posteriores al año 2019″ y que “el contador que se encargó de presentarlas durante los años 2017 y 2018 fue Lucas Adrián Buchichio, a favor de quien además la mencionada empresa le emitió facturas B durante los años 2023 y 2024″. También informó que “la DDJJ del año 2019 fue presentada por Leonardo Daniel Narizzano, quien se encuentra registrado al día de la fecha como su contador”. Con esa información, el juez ordenó operativos sobre ambos contadores a fines de mayo.
La defensa de Eduardo Belliboni cambió su estrategia en los últimos días y puso el foco en el rol de la AFIP. En su indagatoria, el titular del PO aseguró que las empresas Rumbos y Coxtex eran autorizadas por el organismo recaudador y que era su responsabilidad que siguieran operando.
Antes, el líder piquetero había apuntado a “los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social” que aprobaban las facturas. No los mencionó, pero se refería a la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico. Una vez que esa repartición le daba el visto bueno, la documentación pasaba por otras dos líneas de control: legales y los responsables de contaduría. Nadie vio nada.
FUENTE: INFOBAE
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