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A tan solo 48 horas de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el país, la Justicia de la provincia de Buenos Aires le puso un freno cautelar a su implementación. La medida, que frena temporalmente la Ley N° 27.801 en territorio bonaerense por un plazo de 60 días, fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
La preocupación central de la magistrada radica en la incapacidad operativa, edilicia y presupuestaria de la Provincia para absorber el previsible incremento de menores en el sistema penitenciario, luego de que la nueva norma nacional redujera la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Pascual advirtió que la baja de la edad sancionatoria derivará en un aumento significativo en el número de jóvenes detenidos, tanto por los nuevos procesamientos como por la prolongación de la permanencia en el sistema de encierro. Apoyada en el principio precautorio, la jueza subrayó el deber del Poder Judicial de intervenir ante la presunción de una inminente vulneración de los derechos fundamentales de la niñez.
Para sostener la paralización de la ley, la magistrada trazó un diagnóstico crítico sobre las condiciones actuales de los centros socioeducativos bonaerenses. Recordó que su propia jurisdicción debió fijar con anterioridad un cupo máximo de 60 plazas para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora debido a falencias de habitabilidad.
Si bien reconoció avances recientes en la provisión de alimentos, agua potable y obras edilicias, remarcó que el sistema aún incumple el piso mínimo para evitar responsabilidades internacionales del Estado. Entre las deudas pendientes, enumeró las trabas en el acceso a la educación, la formación laboral y la reinserción social, además de la urgencia de reducir los períodos de aislamiento.
Asimismo, advirtió que el hacinamiento repercute negativamente en la seguridad pública, al incidir directamente en el grado de violencia con el que los jóvenes retornan a la sociedad tras cumplir su pena.
Frente a esta situación, la resolución encomendó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia arbitrar los medios para suspender la norma. En tanto, las autoridades de dichas áreas deberán presentarse el próximo 16 de septiembre a una audiencia en el tribunal para exponer el plan de adecuación estatal.
