Calle rechazó esas versiones y sostuvo que no había realizado las operaciones que se le atribuían. También negó mantener los cargos que le fueron asignados públicamente y afirmó que su nombre quedó involucrado en una disputa interna de poder dentro del sindicato.
El desplazamiento de Furlán y el cambio de rumbo en la UOM
Biglieri asumió como interventor el 22 de mayo, después de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispusiera la intervención de la UOM en el marco de las irregularidades detectadas durante las elecciones de la seccional Zárate-Campana.
Desde entonces, la nueva conducción puso bajo revisión diferentes decisiones adoptadas durante la gestión de Furlán, entre ellas los acuerdos con USEM.
La auditoría de las cuentas sindicales se convirtió así en una de las principales tareas de la intervención. El objetivo es reconstruir el circuito de los recursos, verificar los contratos existentes y determinar si las obligaciones asumidas por el gremio se corresponden con servicios efectivamente prestados.
La prioridad de la intervención: proteger los fondos sindicales
El argumento central utilizado por Biglieri para justificar la suspensión de los contratos es patrimonial. La intervención sostiene que mantenerlos vigentes mientras se desarrolla la auditoría podría generar nuevas erogaciones y consolidar compromisos cuya legitimidad todavía está siendo examinada.
Por eso, la decisión fue definida como una medida preventiva de conservación patrimonial, sin que implique por sí misma una declaración sobre la responsabilidad de USEM o de las personas vinculadas con la compañía.
Mientras la Justicia avanza con la investigación y la auditoría interna continúa, el futuro de los contratos entre la UOM y USEM permanece abierto. La documentación que entregue la empresa y los resultados del análisis de los fondos serán determinantes para establecer si existieron irregularidades y cuál fue el verdadero alcance económico de los acuerdos cuestionados.
