Según la legislación, quienes cuentan con residencia permanente o temporaria acceden a los servicios en igualdad de condiciones que los salteños, mientras que quienes poseen residencia transitoria o precaria deben cubrir los costos con seguro médico o recursos propios.
Se consideran emergencias situaciones que impliquen riesgo inminente para la vida o funciones vitales, como paros cardiorrespiratorios, infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales. Tras superar esa situación, los gastos pueden facturarse al paciente o a su aseguradora.
Antes de esta medida, personas de países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay realizaban “tours sanitarios” para recibir atención gratuita, lo cual tensionaba la capacidad hospitalaria local. “Venían a Salta, tenían cirugía programada, tenían cama y los salteños no la tenían”, señaló Sáenz, en diálogo con A24 el mes pasado.
Que muestran los datos
Datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia evidencian el impacto: entre marzo de 2023 y marzo de 2024, las atenciones a extranjeros en el Hospital Materno Infantil bajaron de 54 a 27; en el Hospital de Tartagal, de 29 a 11; en el de Orán, de 18 a 2; y en el Hospital Profesor Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, de 117 a 40, lo que representa una reducción del 95,45%.
La tendencia se profundizó con el tiempo: de las 31.561 atenciones registradas en 2023, la cifra descendió a 77 en 2024 y a solo 10 durante los primeros siete meses de 2026. Esto contribuyó a mejorar la disponibilidad de camas e insumos para la población local, uno de los objetivos centrales de la medida.
Además, los recursos que se destinaban en la atención a no residentes se redirigieron para fortalecer el sistema sanitario salteño. La compra más visible fue la adquisición de 34 ambulancias nuevas, distribuidas en distintos puntos de la provincia. Además, se invirtieron fondos en insumos hospitalarios.