La Justicia de San Isidro resolvió cerrar el caso en marzo de 2024, luego de no encontrar evidencias de ilícitos en torno al fallecimiento de la mediática. Su hermano insiste en que se trató de un homicidio
Tras más de dos años del cierre de la causa, Ulises Jaitt solicitó la reapertura de la investigación por la muerte de Natacha Jaitt, su hermana, quien falleció el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, en Tigre, durante un encuentro de negocios.
La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, la hizo el abogado Ignacio Barrios ante la fiscalía general de San Isidro. En el documento, además, solicita la adopción de una serie de medidas urgentes para preservar pruebas clave.
La causa en cuestión comenzó con la conformación de un equipo de fiscales integrado por Cosme Iribarre, Sebastián Fitipaldi y Diego Calegari. Los investigadores, durante años, abordaron las distintas hipótesis posibles y ninguna prosperó. Luego, los tres fiscales decidieron correrse de la investigación y asumieron sus colegas Otero y Osores Soler que, después de revisar el expediente, decidieron su archivo debido a que no encontraron pruebas de un homicidio ni de ilícitos en torno a la muerte de la mediática.
Sin embargo, el pedido de Ulises, a través del abogado penalista, plantea la revisión del archivo dispuesto el 21 de marzo de 2024 y requiere un pronunciamiento fundado sobre su validez procesal, tal como lo contempla el Código Procesal Penal bonaerense.
La solicitud expone que la decisión del Ministerio Público no constituye un sobreseimiento definitivo ni genera cosa juzgada, por lo que el abogado considera que nuevas diligencias pueden reactivar la investigación.
Para el particular damnificado, existen pruebas pendientes de análisis y fundamentos relacionados con la investigación que no fueron abordados adecuadamente en la resolución de archivo.
Entre los elementos destacados a los que hace referencia, figura la alteración de la escena antes de la llegada de la Policía la noche del 23 de febrero de 2019, basada en declaraciones de Guillermo Gonzalo Rigoni, Gustavo Andrés Bartolini y Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte. Estas declaraciones describen el traslado y limpieza de objetos potencialmente relevantes para la causa, lo que, según Barrios, impide considerar la escena como inalterada.
Por otro lado, para el representante del hermano de la mediática, el informe sobre la línea temporal de la emergencia presenta discrepancias significativas, ya que las llamadas de auxilio y la llegada de la policía y el servicio médico no están sincronizadas en los registros electrónicos.
Estas diferencias temporales se estiman en al menos 17 minutos y 17 segundos entre la primera llamada registrada y la alerta policial, y una diferencia de 33 minutos entre la alerta policial y el despacho médico.
También se detallan supuestos faltantes o vacíos en la trazabilidad del análisis digital de dispositivos secuestrados, entre ellos el iPad de la víctima y los teléfonos de los involucrados.
El informe menciona la falta de individualización de los resultados correspondientes a la adquisición y análisis forense de varios dispositivos, incluyendo el iPad modelo A1670, lo que impidió completar testimoniales clave.
Respecto al sistema de cámaras de seguridad, se cuestiona la ausencia de un informe integral sobre la imagen forense del DVR que grabó la escena y se solicita un examen completo sobre la exportación, configuración y continuidad de los registros originales.
En el ámbito médico-forense, la parte requirente solicita autenticar el ecocardiograma realizado a Natacha Jaitt el 12 de noviembre de 2018, dado que el documento existente no lleva constancia oficial.
Por otro lado, pide que una junta interdisciplinaria analice todos los informes toxicológicos y de autopsia, e incorpore nuevos puntos de peritaje médico, incluyendo la evaluación de la presencia de cocaína y cocaetileno en la víctima.
El peticionario solicita la conservación e inventario de los elementos aún reservados, la individualización y análisis exhaustivo de los registros y dispositivos electrónicos, la recuperación y certificación de los audios originales del sistema de emergencias 911, y la producción de una cronología integral basada en fuentes nativas, con intervención de peritos audiovisuales y médicos.
También requiere que se esclarezca el trámite judicial respecto de una denuncia por abuso sexual bajo la misma investigación preliminar, ya que la resolución de archivo solo refiere a la ausencia de signos físicos y bioquímicos sin detallar el estado procesal de ese aspecto.
La solicitud señala la existencia de una “remisión circular” entre el órgano encargado de la revisión y la instrucción, lo que, de acuerdo al particular damnificado, resultó en la postergación sucesiva de las medidas propuestas y la falta de una resolución concreta.
De todos modos, Barrios reclama que se defina en un plazo de tres días quién tiene competencia para resolver la revisión o que, en su defecto, se adopten al menos medidas conservatorias para evitar la degradación de pruebas.
El escrito también hace mención a la causa federal conocida como “Operación Jaitt”, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, que vinculaba maniobras de inteligencia, carpetazos y la aparición mediática de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand en marzo de 2018 para acusar a figuras públicas de redes de pedofilia.
En ese sentido, el escrito rectifica cualquier referencia a una firmeza de condena o vínculo acreditado con el fallecimiento, y solo pide incorporar la documentación pertinente para su análisis.
El petitorio concluye enumerando doce líneas de medidas precisas, que incluyen preservar pruebas, certificar peritajes, completar análisis médicos y asegurar la cadena de custodia de todos los elementos relevantes. Solicita también que toda denegatoria sea debidamente fundamentada y se garantice la notificación íntegra a las partes.
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