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La situación judicial de José Luis Espert se complicó de manera drástica en las últimas horas. El juez federal Lino Mirabelli ordenó citar a declaración indagatoria al exdiputado de La Libertad Avanza en el marco de una investigación que busca determinar si incurrió en maniobras de lavado de activos. La medida, que fue impulsada tras un requerimiento del fiscal federal Fernando Domínguez, fija la audiencia para el próximo martes 30 de junio.
La resolución judicial también alcanza a Mariano Cosentino, el contador de confianza del exlegislador, quien deberá declarar ante los magistrados bajo la misma imputación. El eje de la sospecha gira en torno a los vínculos económicos que el dirigente liberal mantuvo con el empresario de la aviación Federico “Fred” Machado, quien estuvo asociado a redes de narcotráfico y recientemente fue condenado por los tribunales de Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero.
De acuerdo con datos a los que tuvo acceso el medio TN, la hipótesis que sostiene la Fiscalía es que el exdiputado habría diseñado una estructura de gastos para canalizar e introducir en el circuito legal los fondos provenientes de las actividades de Machado. Los investigadores judiciales argumentan que, con el objetivo de dotar de una apariencia de licitud a esos recursos, Espert adquirió dos vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus— y además efectuó millonarios aportes de capital a un fideicomiso inmobiliario identificado bajo el nombre de "Dunas".
El origen del expediente se remonta a la campaña presidencial de 2019, oportunidad en la que Machado brindó un fuerte respaldo logístico y financiero a la primera candidatura del economista. Las alarmas de la Justicia argentina se encendieron de manera definitiva luego de que el empresario aeronáutico admitiera formalmente en mayo ante la justicia norteamericana su responsabilidad en graves delitos transnacionales.
Uno de los elementos de prueba más contundentes que analiza el fiscal Domínguez es una transferencia bancaria por un valor de 200.000 dólares que Machado le giró a Espert durante el año 2020. No obstante, las pericias documentales revelaron la existencia de un contrato firmado entre ambas partes en el cual el monto total de la operación ascendía a la cifra de un millón de dólares. En su momento, cuando trascendieron públicamente los primeros detalles del escándalo, Espert ensayó una defensa argumentando que el dinero percibido correspondía a los honorarios de una consultoría privada que brindó a Machado para asesorarlo sobre una supuesta explotación de yacimientos mineros en Guatemala.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público Fiscal desacreditaron esa versión tras constatar irregularidades severas: el exlegislador nunca registró viajes hacia el país centroamericano, las minas ligadas al contrato no se encontraban operativas al momento del acuerdo y no se halló ningún tipo de evidencia técnica ni documental que demostrara que Espert realizó efectivamente las tareas profesionales por las que cobró.
De cara a la indagatoria de fin de mes, el panorama financiero de Espert se encuentra severamente condicionado. La Justicia decretó la inhibición general de sus bienes, una medida cautelar que le impide vender o transferir propiedades inmuebles y automotores, y mantiene bloqueadas sus cuentas bancarias, permitiéndole retirar únicamente los montos indispensables que sean autorizados expresamente para solventar sus gastos de subsistencia diarios.
