La ministra de Seguridad informó esta cifra y explicó que las expulsiones se realizaron a individuos con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o intentos de ingreso irregular.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó que, en los últimos seis meses, el Estado expulsó a catorce mil extranjeros que poseen antecedentes penales, pedidos de captura o que violaron la normativa migratoria vigente.
“Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar”, enfatizó Monteoliva, a través de un video publicado en las redes sociales.
Los números actuales muestran un aumento respecto de los últimos datos difundidos. En enero, la ministra informó que cerca de 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados en apenas dos meses, una cifra récord atribuida al fortalecimiento de los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.
La estrategia de seguridad no solo se limita a los puntos de ingreso al país. Durante los meses previos a este anuncio, agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó operativos en zonas urbanas como la feria de Villa Celina, en La Matanza, Buenos Aires.
Allí identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. Gracias a un dispositivo biométrico portátil llamado Morpho RAPID ID, cruzaron datos con bases nacionales y detectaron a 16 ciudadanos en situación irregular. Ellos recibieron actas para regularizar su situación migratoria.
Este operativo también descubrió irregularidades en cuatro comercios donde se vendían productos falsificados y teléfonos bloqueados por ENACOM. Los efectivos incautaron 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas apócrifas.
Como resultado, el Juzgado Federal de Morón ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos, quienes quedaron a disposición de la justicia junto con los bienes secuestrados.
La ministra Monteoliva subrayó que el enfoque del Gobierno es que “en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”. Asimismo, subrayó que la combinación de tecnología biométrica y el refuerzo de la vigilancia en los principales accesos al país posibilitaron alcanzar estas cifras en el período.
FUENTE: BORDER PERIODISMO
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