El Ministerio de Economía concedió por 20 años tramos con más de 1.800 kilómetros de rutas y autopistas a empresas privadas.
El gobierno de Javier Milei adjudicó dos nuevos tramos de la Red Federal de Concesiones de Rutas Nacionales, que suman más de 1.800 kilómetros de corredores viales bajo gestión privada, por un plazo de 20 años y sin subsidios estatales. La medida profundiza la apuesta por el modelo de peajes financiados íntegramente por el sector privado, que ya se aplicó en el corredor de la Ruta del Mercosur y ahora se extiende a frentes clave de la red vial federal.
Los dos tramos adjudicados son el Sur–Atlántico–Acceso Sur y el Pampa, ambos en el marco de la Etapa II‑A de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Ministerio de Economía.
El detalle de las concesiones
Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur: el consorcio ganador está integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A., que se harán cargo de corredores viales que incluyen autopistas como la Riccheri y el acceso Ezeiza–Cañuelas, entre otros tramos estratégicos del área metropolitana.
Tramo Pampa: el adjudicatario es Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., que quedará a cargo de la operación, mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 5 en el norte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa.
El esquema económico de las concesiones se basa en tarifas de peaje definidas por oferta económica, sin que el Estado aporte fondos para la construcción o el mantenimiento de la infraestructura. Para el tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, el consorcio ganador presentó una tarifa de referencia de $997 sin IVA, por debajo de la de otros grupos de la licitación, mientras que para el tramo Pampa la oferta de Construcciones Electromecánicas del Oeste fue de $2.355,37, también más baja que las de sus competidores
El anuncio forma parte de la segunda ola de privatización de rutas nacionales bajo la RFC: tras la primera etapa (741 kilómetros del Mercosur), ahora el Gobierno suma más de 1.800 kilómetros a manos privadas, con un marco de 20 años de concesión y el objetivo de mejorar la calidad y seguridad de las vías sin que el Fisco absorba inversiones directas.
FUENTE: BORDER PERIODISMO
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