El dirigente pedía, entre otros puntos, ser trasladado a la Unidad 14 de Esquel, una cárcel de seguridad media, ubicada a 250 kilómetros de Bariloche, donde residen sus familiares directos. Su madre, Mónika Jones, instaló un campamento afuera del penal y sostiene que la permanencia de su hijo en una cárcel de máxima seguridad profundiza el “alejamiento histórico” que el Estado ya le impone a los pueblos originarios.
Desde la Gremial de Abogados de la República Argentina, que lo representa, remarcaron que la medida de fuerza responde a la continuidad de la prisión preventiva y a la percepción de un “persecución política” contra el activismo mapuche, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita, intimidación pública e incitación a la violencia.
El episodio de Jones Huala se enmarca en la disputa por la autodeterminación territorial y el acceso a la tierra en la Patagonia, donde persisten conflictos sin resolver, ocupaciones, desalojos y tensiones entre comunidades mapuches, propietarios privados y el Estado.
Su huelga de hambre no es la primera desde que está detenido: ya había llevado adelante dos protestas similares en 2025, lo que subraya el carácter prolongado y conflictivo de su situación, tanto penal como política.
Con el avance de los días, la presión crece sobre la Justicia federal y el sistema penitenciario, que deben equilibrar la seguridad carcelaria con la preservación de la salud y el derecho a la vida del detenido, mientras la comunidad mapuche y organizaciones de derechos humanos exigen una revisión integral de su caso.
