La Operación Lava Jato fue una investigación judicial iniciada en Brasil en 2014 para desarticular una extensa red de corrupción y lavado de dinero vinculada a la petrolera estatal Petrobras. La causa reveló un sistema de pago de sobornos entre grandes empresas constructoras, funcionarios públicos y dirigentes políticos a cambio de contratos de obra pública, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina.
Entre los principales involucrados estuvo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en dos causas derivadas de Lava Jato. En 2018 ingresó en prisión y permaneció detenido durante 580 días.
Sin embargo, en 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas al considerar que el entonces juez Sergio Moro no tenía competencia para juzgar esos casos. Posteriormente, el máximo tribunal también determinó que Moro actuó con parcialidad durante el proceso, lo que dejó sin efecto las sentencias y restituyó los derechos políticos de Lula, permitiéndole volver a competir en elecciones y ganar la presidencia de Brasil en 2022.
La defensa de Lula estuvo encabezada por el abogado Cristiano Zanin, quien posteriormente fue designado juez del Supremo Tribunal Federal. En paralelo, el constitucionalista brasileño Rafael Valim colaboró en la estrategia jurídica e internacional que denunciaba un caso de lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial con fines de persecución política. Ese mismo Valim fue incorporado recientemente por Cristina Fernández de Kirchner para reforzar la estrategia internacional de su defensa en la causa Vialidad y desde el entorno de la ex mandataria, llevarán en los próximos días una presentación oficial ante la ONU.
