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# Echaron de la UOM a la militante de La Cámpora que compró el departamento de abajo de Cristina

![Portada-91](/download/multimedia.normal.9f550998f9b1de75.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)Alberto Biglieri frenó de manera preventiva los contratos entre el gremio metalúrgico y la empresa USEM, mientras avanza una auditoría sobre el manejo de fondos sindicales.

La intervención de la **Unión Obrera Metalúrgica (UOM)** profundizó las medidas sobre la estructura que administraba parte de los recursos del sindicato. El interventor Alberto Biglieri suspendió los contratos que vinculaban a la organización con la empresa USEM y ratificó la desvinculación de María Soledad Calle, una de las accionistas y directoras de esa compañía, según reveló Infobae.

La decisión cuenta con respaldo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y fue adoptada mientras continúa una auditoría sobre los convenios firmados durante la gestión del desplazado titular de la UOM, Abel Furlán. En paralelo, el juez federal Julián Ercolini investiga posibles delitos vinculados con la administración de los recursos sindicales.

## Qué relación había entre la UOM y USEM

El vínculo entre la UOM y USEM comenzó a ser cuestionado a partir de un contrato firmado en 2023. Según la denuncia que dio origen a la investigación, el acuerdo habría otorgado a la compañía un amplio control sobre aspectos operativos y financieros vinculados con aproximadamente el **80% de los aportes sindicales**.

Entre las facultades atribuidas a USEM figuraban tareas relacionadas con la administración de recursos, la ejecución de pagos y el manejo de cuentas bancarias del sindicato.

El contrato establecía una remuneración equivalente al **0,5% de los fondos recaudados por la cuota sindical** y tenía una vigencia prevista de diez años. De acuerdo con los cálculos incorporados a la causa, los recursos alcanzados por el convenio superaban los 100 millones de pesos mensuales.

La Justicia analiza si esas condiciones pudieron ocasionar un perjuicio patrimonial a la organización sindical y a su obra social.

## La investigación judicial que puso el convenio bajo la lupa

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada el 27 de febrero por dirigentes opositores de la seccional Zárate-Campana de la UOM.

La presentación cuestionó el alcance del acuerdo con USEM y puso bajo análisis la manera en que se administraban los fondos provenientes de los afiliados. El expediente quedó en manos del juez Julián Ercolini, que investiga posibles hechos de **administración fraudulenta y asociación ilícita**.

La investigación todavía se encuentra en desarrollo y las sospechas planteadas en la denuncia deberán ser determinadas por la Justicia. La intervención de la UOM, mientras tanto, adoptó medidas preventivas para evitar que los contratos continúen generando compromisos económicos durante el proceso de revisión.

## Por qué Biglieri suspendió los contratos

El interventor resolvió el 30 de julio interrumpir preventivamente los acuerdos con USEM. La medida comenzó a regir el 15 de agosto y fue presentada como una decisión destinada a preservar los activos del sindicato y de su obra social.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo avaló la suspensión.

La intervención argumentó que los contratos permanecen bajo análisis tanto por la auditoría interna como por las actuaciones judiciales. Por ese motivo, consideró necesario detener su ejecución hasta conocer con mayor precisión cuáles fueron los servicios efectivamente prestados y si existe correspondencia entre esas tareas y los pagos realizados.

La decisión no implica, según la intervención, una conclusión definitiva sobre la validez de los acuerdos. Se trata de una medida preventiva destinada a impedir que continúen generándose obligaciones patrimoniales mientras se esclarecen las condiciones en las que fueron celebrados.

## La auditoría apunta a determinar qué servicios prestó USEM

Como parte de la revisión, Biglieri intimó a la empresa para que entregara documentación relacionada con los contratos. El pedido incluyó información sobre el personal afectado, las tareas realizadas, informes, auditorías, facturación, pagos y estructura societaria.

La intervención también solicitó elementos que permitieran verificar la existencia y el alcance concreto de las prestaciones comprometidas.

Según la presentación realizada ante la Justicia laboral, las primeras intimaciones no fueron respondidas en los términos requeridos. Posteriormente, la empresa fue notificada por vía notarial y su presidente, Adalberto Raúl Bracconi, entregó documentación que fue incorporada al expediente.

El análisis preliminar de ese material, sin embargo, no habría permitido despejar todas las dudas. La auditoría continúa para establecer si los servicios facturados guardan una relación razonable con las sumas abonadas.

## El contrato de diez años y la discusión por los honorarios

Uno de los aspectos que la intervención considera especialmente relevante es la duración del acuerdo. El convenio contemplaba un plazo de **diez años** y fijaba como retribución un porcentaje de los recursos administrados.

Para Biglieri, las condiciones obligan a revisar con especial atención la razonabilidad económica del contrato y la relación entre el monto percibido por la empresa y las prestaciones efectivamente realizadas.

Otro punto observado es el mecanismo de rescisión. Según la documentación analizada por la intervención, existiría un desequilibrio entre las partes en cuanto a las posibilidades de finalizar anticipadamente el vínculo.

Esos elementos fueron considerados suficientes para justificar la suspensión preventiva, aunque la intervención evitó anticipar una conclusión sobre la validez jurídica definitiva de los contratos.

## Quién es María Soledad Calle y por qué quedó en el centro del conflicto

María Soledad Calle quedó directamente involucrada en el expediente por su condición de accionista y directora de USEM. Además, había trabajado para la UOM durante la gestión de Abel Furlán y ocupado cargos vinculados con la estructura sindical.

Calle también tuvo actividad política en La Cámpora y fue concejal en Campana. Su cercanía con Furlán convirtió su situación en uno de los puntos de mayor interés dentro de la disputa interna que atraviesa al gremio metalúrgico.

Biglieri la desvinculó de la UOM poco después de asumir como interventor. La primera comunicación fue enviada el 5 de junio y, debido a inconvenientes con el domicilio registrado en su legajo, tuvo que realizarse una segunda notificación el 23 de ese mes.

La salida de Calle formó parte de las primeras decisiones adoptadas por la intervención sobre el entorno de colaboradores del anterior titular del sindicato.

## La compra del departamento junto a la vivienda de Cristina Kirchner

La situación de Calle adquirió mayor repercusión pública luego de que trascendiera que había adquirido un departamento en el edificio de **San José 1111**, en el mismo inmueble donde reside Cristina Kirchner.

Según la información publicada por La Nación, la operación se habría concretado por **US$189.000** y correspondía a la unidad ubicada debajo del departamento de la expresidenta.

La publicación también señaló un crecimiento patrimonial de Calle posterior a la firma del contrato entre la UOM y USEM y mencionó la adquisición de una participación del 50% en un BMW M135 X Drive, valuado en unos US$70.000.

Calle rechazó esas versiones y sostuvo que no había realizado las operaciones que se le atribuían. También negó mantener los cargos que le fueron asignados públicamente y afirmó que su nombre quedó involucrado en una disputa interna de poder dentro del sindicato.

## El desplazamiento de Furlán y el cambio de rumbo en la UOM

Biglieri asumió como interventor el **22 de mayo**, después de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispusiera la intervención de la UOM en el marco de las irregularidades detectadas durante las elecciones de la seccional Zárate-Campana.

Desde entonces, la nueva conducción puso bajo revisión diferentes decisiones adoptadas durante la gestión de Furlán, entre ellas los acuerdos con USEM.

La auditoría de las cuentas sindicales se convirtió así en una de las principales tareas de la intervención. El objetivo es reconstruir el circuito de los recursos, verificar los contratos existentes y determinar si las obligaciones asumidas por el gremio se corresponden con servicios efectivamente prestados.

## La prioridad de la intervención: proteger los fondos sindicales

El argumento central utilizado por Biglieri para justificar la suspensión de los contratos es patrimonial. La intervención sostiene que mantenerlos vigentes mientras se desarrolla la auditoría podría generar nuevas erogaciones y consolidar compromisos cuya legitimidad todavía está siendo examinada.

Por eso, la decisión fue definida como una **medida preventiva de conservación patrimonial**, sin que implique por sí misma una declaración sobre la responsabilidad de USEM o de las personas vinculadas con la compañía.

Mientras la Justicia avanza con la investigación y la auditoría interna continúa, el futuro de los contratos entre la UOM y USEM permanece abierto. La documentación que entregue la empresa y los resultados del análisis de los fondos serán determinantes para establecer si existieron irregularidades y cuál fue el verdadero alcance económico de los acuerdos cuestionados.

FUENTE: BORDER PERIODISMO

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