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# El Gobierno dio marcha atrás con un punto de la reforma laboral y habilitó mayores aportes de las empresas a los gremios

![Captura de pantalla 2026-07-20 230332](/download/multimedia.normal.9fd533c513e30a4c.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

## El decreto 612/2026 elimina el tope del 2% para las contribuciones patronales extraordinarias, lo que amplía el margen de negociación entre gremios y empresas.

El **Gobierno**dio marcha atrás con uno de los aspectos más sensibles de la **reforma laboral** y flexibilizó el **esquema de financiamiento** de los **sindicatos**. A través del decreto 612/2026, **eliminó el tope del 2%**que limitaba los **aportes extraordinarios** de las empresas a los gremios y amplió la base sobre la que pueden calcularse esas contribuciones.

La medida representa un**guiño a la CGT**. En los hechos, el Gobierno **devuelve a los gremios una parte del margen de negociación** que la reforma laboral había restringido y les permite discutir con las cámaras empresarias aportes de mayor magnitud.

El decreto fue firmado el viernes 17 por el presidente **Javier Milei**, el jefe de Gabinete, **Diego Santilli**, y la ministra de Capital Humano, **Sandra Pettovello**, y publicado este lunes en el Boletín Oficial. El cambio central es la **eliminación del límite del 2% para las contribuciones extraordinarias** que las empresas pueden realizar a los sindicatos. De esta manera, el monto de esos aportes podrá ser **acordado entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias** en el marco de los convenios colectivos de trabajo, sin quedar sujeto al tope que había sido establecido previamente. La modificación supone una **marcha atrás** respecto del intento de limitar las denominadas **cajas sindicales**. Aunque el decreto establece condiciones sobre el destino y la administración de los fondos, los gremios **recuperan capacidad para negociar** con el sector empresario una fuente de financiamiento que había quedado restringida. El Gobierno también **modificó la base de cálculo** de esos aportes. A partir de la nueva norma, deberá contemplar el **salario básico convencional** correspondiente a la categoría del trabajador y las**sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual**que tengan origen convencional. Quedan **excluidos**, en cambio, los conceptos que no sean normales, habituales y mensuales. La lista incluye **premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras**, sueldo anual complementario (**aguinaldo**), **plus vacacional** y sumas no remunerativas, además de cualquier otro concepto que no se pague de forma normal, habitual y mensual. Los fondos, de todos modos, **no podrán ser utilizados sin restricciones**. La norma establece que deberán destinarse exclusivamente a **obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural**, en beneficio de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de representación de la asociación sindical. También deberán ser administrados y documentados por separado del resto de los bienes y fondos sindicales. El objetivo es garantizar una **administración diferenciada de esos recursos** y facilitar el control de legalidad previo a la homologación de los convenios colectivos. La decisión marca un contraste con el rumbo que había tomado la reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de junio. En aquella discusión, la **CGT había intentado atenuar las restricciones sobre el financiamiento sindical**, pero no había logrado modificar el esquema en la instancia de reglamentación. El Gobierno presentó los cambios como una **precisión técnica** destinada a aclarar el alcance de las normas vigentes y ordenar su aplicación. Sin embargo, el efecto político parece concreto: la CGT obtiene una flexibilización en los límites que afectaban sus recursos y recupera capacidad de negociación frente al sector empresario.

FUENTE: TN

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