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# 213 dirigentes y piqueteros fueron imputados por fraude y extorsión en planes sociales

![PORTADAS-64](/download/multimedia.normal.96320de415f67ea8.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El juzgado federal de Quilmes investiga una megacausa contra organizaciones sociales por coacción a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

El juzgado federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, lleva adelante una investigación que involucra a 213 dirigentes y piqueteros de organizaciones sociales, acusados de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y de defraudar a la administración pública mediante el uso indebido de fondos y alimentos estatales.

En el marco de la causa, se realizaron 24 allanamientos donde se incautaron **104.000 unidades de alimentos sin distribuir**, **2.500 kilos de comida en mal estado**, $500.000 en efectivo, armas y numerosos dispositivos electrónicos. Entre los alimentos caducados había productos como leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo, destinados a familias vulnerables, que fueron destruidos tras análisis bromatológicos en CEAMSE Pompeya.

## La investigación cuenta con más de 200 legajos

Los alimentos incinerados portaban etiquetas que indicaban claramente: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

[https://www.borderperiodismo.com/actualidad/jornada-nacional-de-protestas-con-mas-de-100-cortes-por-el-fin-de-programas-sociales/](https://www.borderperiodismo.com/actualidad/jornada-nacional-de-protestas-con-mas-de-100-cortes-por-el-fin-de-programas-sociales/)

La investigación, que abrió más de 200 legajos, se basa en **más de 70 denuncias** recibidas por la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los testimonios relatan cómo delegados y representantes de movimientos sociales como Polo Obrero, Movimiento Evita y Corriente Clasista Combativa ejercían presión sobre los beneficiarios, obligándolos a asistir a marchas y piquetes bajo amenaza de perder sus planes sociales.

Según las víctimas, los dirigentes les exigían cuotas en efectivo o transferencias y tomaban asistencia en las movilizaciones. “Si acumulaban tres o cuatro faltas nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”, señalaron algunos testimonios. Además, la violencia verbal era constante y muchos beneficiarios temían represalias, incluso llegando a afirmar: “Por esto me pueden llegar a matar”.

Vecinos de los comedores comunitarios observaron cómo la mercadería destinada a los más necesitados era retenida por los referentes y en algunos casos cargada en camionetas para ser retirada. También se denunciaron irregularidades en la inscripción a los programas sociales, con la solicitud de claves de Mi Argentina, ANSES y AFIP, presuntamente para acceder a los sistemas de manera fraudulenta.

La megacausa avanza sobre las estructuras organizativas y las personas involucradas, con más imputados que se suman día a día. En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 dirigentes, acusados de extorsión y fraude en el manejo de fondos públicos del ex plan Potenciar Trabajo.

Belliboni rechazó las acusaciones y afirmó que se trata de “una vil farsa, orquestada por la administración libertaria de Javier Milei, para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles”. El proceso judicial continuará su curso y será la evidencia que se presente y analice con el tiempo la que determine la verdad detrás de estas graves denuncias.

FUENTE: BORDER PERIODISMO

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