La grabación de una voz presuntamente en la Casa Rosada se convirtió en el disparador de una batalla judicial que ya involucra a ministros, jueces, periodistas y abogados de alto perfil. Lo que comenzó como una denuncia por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad derivó en una ofensiva oficial para impedir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, y ahora suma una contradenuncia por censura institucional.
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por abuso de autoridad. La acusa de haber promovido una causa judicial “con el único fin de amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa”, tras el pedido del Ejecutivo para frenar la publicación de grabaciones que comprometerían a la secretaria general de la Presidencia.
Censura previa y blindaje político
En su presentación, Dalbón sostiene que el Gobierno intentó “convertir la difusión periodística en un delito”, utilizando la denuncia penal como herramienta de intimidación. “Solicitó medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, advierte el escrito, que espera sorteo de juzgado.
El abogado pide que se cite a indagatoria a Bullrich y a declaración testimonial al representante legal del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien formalizó la denuncia oficial. También defiende el interés público de los audios filtrados: “Se trata de una figura que concentra poder institucional en la Secretaría General de la Presidencia”.
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