Ficha Limpia: el gobierno impulsa su propia ley y abre el diálogo con el Legislativo

Unión por la Patria y la Izquierda ya anticipan resistencia a la iniciativa que podría dejar fuera de carrera para las legislativas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
 

No pudo ser en noviembre de 2024 cuando la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para tratar y aprobar la ley de Ficha Limpia que impulsaba, por entonces con mayor ahínco, la referente del PRO Silvia Lospennato. ¿Será ahora, en extraordinarias, cuando la Argentina cuente con una norma que ya tienen, con matices, varias provincias, incluida Santa Fe?
Es uno de los temas que componen el menú de propuestas que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso para su debate hasta el 21 de febrero.

Un menú que, en el aspecto estrictamente electoral, incluye este proyecto y la eliminación de las PASO.
Esas iniciativas, junto con el impulso a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia ponen al Ejecutivo en un rol que, salvada la resistencia inicial, se volvió habitual: el de negociador con propios y ajenos, incluidos en esa categoría a quienes apoyan iniciativas de La Libertad Avanza con poca o nula resistencia.
Así se entiende la reunión que para este martes a la tarde convocó el jefe de Gabinete Guillermo Francos con líderes del oficialismo puro y el "dialoguista" a quienes invitó a la Casa Rosada. En los próximos días, la agenda continuará con senadores.

Mientras tanto, el proyecto que firmó el presidente Javier Milei el viernes, antes de partir hacia Estados Unidos donde participó de la asunción de Donald Trump, tiene diferencias con el que estuvo a punto de aprobarse el año pasado, por impulso del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

 
La propuesta oficial establece la prohibición de ser candidato solamente para aquellas condenas en segunda instancia dictadas en el año anterior a la elección, situación que dejaría a Cristina Fernández de Kirchner fuera de carrera para las legislativas de este año.
Además, impide que condenados por corrupción se desempeñen como jefe de Gabinete, ministro, secretario, subsecretarios o en organismos descentralizados, entes de servicios públicos y en la Cancillería, así como en empresas públicas.
Para sancionar el proyecto se requiere de una mayoría de 129 votos en diputados y 37 en el Senado. En Diputados ya existe un dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia sobre Ficha Limpia, pero la idea del oficialismo es volver a tratarlo en comisión para evitar incorporar los cambios en el recinto de sesiones.

Qué dice el proyecto
El proyecto del Ejecutivo consta de 8 artículos que modifican la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el Código Electoral Nacional. En el artículo 1 establece la incorporación de un inciso que determina quiénes pueden o no ser candidatos.

 
Para tal caso, el Poder Ejecutivo propone que no pueden ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados por "los delitos previstos en los Capítulos VI -Cohecho y tráfico de influencias-, VII -Malversación de caudales públicos-, VIII -Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas-, IX -Extracciones ilegales-".
Y sigue el artículo: "IX bis -Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados- y XIII -Encubrimiento-; (...) y todo otro delito doloso contra la Administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el Art. 36 de la Constitución Nacional".
Esto, señala, se aplicará "únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta".
Si la segunda instancia de condena se da "luego del 1º de enero del año en que se llevaran a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral". Es decir, que podrá participar de la elección.

Además, no podrán ser funcionarios designados por un gobierno personas condenadas. La medida abarca a los puestos de Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios, Subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados.
De igual manera, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos.
Además, la Cámara Nacional Electoral llevará a cabo un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de los delitos de los que estén acusados los dirigentes.
En las provincias
Con matices, varias provincias tienen su propia ley de Ficha Limpia. Es el caso de Santa Fe que cuenta con una legislación específica.
También tienen ley Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan. Los últimos distritos en lograr su propia normativa fueron Río Negro, que aprobó la ley el 18 de diciembre, y Córdoba cuya Unicameral sancionó la norma el 27 de diciembre de 2024.
En la provincia de Santa Fe, que está a las puertas de una convención para la Reforma Constitucional, se busca otorgar ese rango a la ley que rige desde el año 2022.

FUENTE: EL LITORAL