Vialidad: tras la feria judicial, Casación resolverá si agrava la condena contra Cristina Kirchner

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deberán definir si amplían o revocan la sentencia.

Después de que transcurra la feria judicial, la Cámara Federal de Casación Penal tiene previsto decidir si agrava la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Según difundió el medio Perfil, uno de los tres jueces que debe votar, Andrés Basso, se pronunciaría por elevar la pena y sumar el delito de asociación ilícita. Aún no se sabe cómo votarán los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

La ex mandataria fue condenada a seis años de prisión por fraude al Estado. Basso, en minoría, buscaría sumar el delito de asociación ilícita, lo cual había sido reclamado por el fiscal de juicio Diego Luciani.

Justamente, ese fallo fue elevado a Casación para que sea revisado, siendo que los magistrados que intervienen son Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Por ese motivo, se llevaron a cabo seis audiencias entre febrero y mayo de este año con el fiscal ante el tribunal, Mario Villar, y los abogados defensores de los condenados y absueltos.

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Durante los encuentros, el fiscal Villar reclamó elevar la pena de seis a doce años, y agregando que se condene a la ex mandataria como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares o que se considere cada una de esas licitaciones como un hecho de fraude en particular y se agraven la pena en función del concurso de delitos, sumando también la inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

La explicación que dio el fiscal es que si un funcionario comete muchos delitos pero es condenado por uno solo, eso enviaría un mal mensaje.

En ese sentido, pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner como jefa y como organizadores el exsecretario de Obras Públicas José López; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez. También solicitó que sean sentenciados Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner.

 
El fiscal Villar manifestó que se deben aplicar las penas que el fiscal Luciani pidió en el juicio oral, a saber: doce años de prisión para Lázaro Báez; diez años para De Vido y José López; seis años para Periotti; cuatro años para Fatala; tres años de prisión en suspenso para Garro, y dos años de prisión en suspenso por administración fraudulenta para Carlos Kirchner.

El defensor de la ex presidenta, Alberto Beraldi, reclamó la absolución de su clienta. También argumentaron los abogados de De Vido, Periotti, Fatala, José López y Carlos Kirchner.

Los jueces de Casación deberán definir si confirman el fallo inicial, si lo revocan o modifican el monto de las penas, para lo cual tenían un plazo de veinte días que ya venció, así que deberán tener lista una sentencia en breve. 

Según informó La Nación, entre los colegas del juez Hornos persiste el rumor de que ya habría elaborado su voto. Si bien aún se desconoce el contenido del mismo, se especula con que el juez podría haberse pronunciado por agravar la condena y ampliar la acusación. 

  
 
Borinsky y Barroetaveña aún no emitieron su voto, sin embargo, cabe destacar que el primero tiene intención de ser Procurador General de la Nación, si es que lo postula el presidente Javier Milei, para lo cual necesitará los votos del kirchnerismo en el Senado debido a que hace falta una mayoría de dos tercios de Cámara alta.

Barroetaveña, en tanto, viene de una polémica a raíz de su voto en el caso de los cuadernos de las coimas, donde se pronunció por evitar que Angelo Calcaterra, el empresario primo del expresidente Mauricio Macri, vaya a juicio oral con el resto de los empresarios al entender que sus aportes fueron electorales y no una coima para mantener los contratos de obra pública.

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