El Gobierno se encuentra diseñando una nueva estrategia de financiamiento destinada a revitalizar el acceso a la vivienda en el país. A través de la Secretaría de Finanzas, el Palacio de Hacienda estudia la factibilidad de utilizar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) administrado por la ANSES con el fin de inyectar liquidez de largo plazo en el sistema financiero. Esta iniciativa busca generar un mecanismo mediante el cual la banca privada disponga de fondeo estable para expandir la oferta de préstamos hipotecarios y reducir los costos de endeudamiento para las familias, según reveló TN.
La arquitectura del plan contempla que el organismo previsional realice licitaciones de depósitos a plazo fijo de extensa maduración entre las entidades bancarias. Con esta masa de recursos, las instituciones financieras contarían con el respaldo necesario para estructurar hipotecas a tasas de interés más competitivas y plazos acordes con las demandas del mercado inmobiliario. Desde la conducción económica remarcan que el involucramiento del FGS representa un canal más eficiente para potenciar el crédito real en comparación con esquemas de subsidio directo, permitiendo un rendimiento financiero para el fondo previsional al tiempo que se dinamiza la actividad constructora.
Flexibilización del crédito en moneda extranjera y liquidez bancaria
De forma paralela a las medidas orientadas al crédito hipotecario, la cartera económica ratificó el esquema de flexibilización regulatoria para las operaciones en dólares dentro del circuito bancario local. La normativa autoriza a las entidades financieras a canalizar los depósitos en moneda extranjera captados del público hacia un abanico más amplio de empresas del sector productivo. La meta central de este marco es acelerar el circuito de intermediación financiera en divisas, permitiendo que la liquidez acumulada en los bancos se traduca en crédito directo para dinamizar la inversión de la economía real.
El fundamento del Gabinete económico para avanzar con esta desregulación se apoya en el sustancial incremento observado en las cuentas de depósito en dólares. De acuerdo con las cifras oficiales, el volumen total acumulado en el sistema bancario experimentó un crecimiento vertiginoso, pasando de niveles cercanos a los 23.000 millones de dólares hasta alcanzar una franja estimada en los 40.000 millones de dólares. Pese a este abultado nivel de depósitos, la tasa actual de préstamos en moneda extranjera se ubica cerca del 60 %, lo que deja un margen utilizable de divisas que el Ejecutivo busca volcar hacia actividades clave como la infraestructura y el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.
Respecto de la problemática vinculada a la morosidad y las dificultades de pago que enfrentan deudores en el sistema formal, la Secretaría de Finanzas fijó una postura tajante al descartar cualquier tipo de asistencia estatal o rescate directo. Desde el Ministerio de Economía argumentan que los contratos de crédito y las situaciones de incobrabilidad deben ser encauzadas estrictamente entre los privados involucrados, es decir, entre los clientes y las entidades financieras. La visión oficial sostiene que la aplicación de fondos públicos para aliviar pasivos particulares implicaría un uso inequitativo de los recursos impositivos en perjuicio del resto de los contribuyentes.
