A esto se suma la licuación de los reintegros particulares de los afiliados. Ante la caída de convenios médicos, los usuarios se ven obligados a abonar las consultas de su bolsillo, enfrentando luego demoras administrativas de devolución que oscilan entre los 6 y los 12 meses, destruyendo el poder adquisitivo del dinero por el efecto inflacionario.
Desde el entorno de la gobernación justifican el desfinanciamiento sistemático bajo dos argumentos estructurales: por un lado, la aplicación de auditorías severas que bloquean pagos al detectar presuntas sobrefacturaciones de los prestadores privados; por el otro, un pasivo cruzado en el cual el gobierno provincial le reclama a los diferentes municipios un déficit de $10.000 millones en concepto de aportes de los empleados comunales mal liquidados o desfasados en el tiempo.
