La Legislatura riojana declaró la nulidad de una norma de facto de 1968 que le otorgó a San Juan áreas clave como el cerro El Potro e Ischigualasto, argumentando que la delimitación de la dictadura fue unilateral e inconstitucional.
Un viejo litigio territorial que parecía dormido en los papeles volvió a estallar con fuerza y amenaza con desatar un serio conflicto político e institucional en la región de Cuyo. La Legislatura de La Rioja aprobó un proyecto de ley para reclamar formalmente una porción de territorio clave que actualmente se encuentra bajo la jurisdicción de San Juan, provocando un cruce inmediato y de alta tensión entre los gobernadores Ricardo Quintela y Marcelo Orrego.
La disputa hunde sus raíces en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. En aquel año se dictó la Ley N° 18.004, una normativa de facto que redibujó los límites cordilleranos interprovinciales y transfirió a la soberanía sanjuanina áreas de enorme valor estratégico, turístico y ambiental, tales como el cerro El Potro y el icónico parque provincial Ischigualasto, popularmente conocido como el Valle de la Luna. Hasta antes de ese decreto, La Rioja las consideraba tierras propias.
Tras 60 años de paz: la jugada de Quintela
Casi seis décadas después, la gestión del peronista Ricardo Quintela decidió patear el tablero. El argumento de la Casa de Gobierno riojana es que aquella delimitación carece de validez democrática ya que se impuso de manera unilateral y esquivando los carriles constitucionales del Congreso de la Nación.
Con esa premisa, la Cámara de Diputados riojana declaró la nulidad absoluta de la ley de la dictadura. La nueva normativa provincial busca dotar al Ejecutivo de herramientas legales para iniciar de "forma inmediata" gestiones administrativas, políticas y legislativas ante el Congreso de la Nación y los tribunales para recuperar de manera definitiva el dominio de la zona en disputa.
La movida legislativa encendió las alarmas en la vecina provincia. El mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego, salió al cruce de inmediato con un duro descargo en sus redes sociales, donde buscó llevar tranquilidad a sus coprovincianos y marcarle la cancha de forma tajante a su par riojano.
"Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014", sentenció el gobernador de San Juan a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Orrego apeló al orden constitucional para desacreditar el reclamo: "Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia".
En un fuerte llamado a la unidad de todo el arco político de su provincia, el mandatario cerró con un mensaje de férrea resistencia sobre las tierras y los recursos naturales de la zona: "No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones", concluyó, dejando planteado un escenario de batalla legal y política de final abierto.