En un fallo judicial de gran trascendencia para los tribunales bonaerenses, la exjueza de Familia del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, fue condenada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El veredicto incluye, además, una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la función pública, tras haber sido hallada culpable del delito de cohecho agravado en el marco de una red de irregularidades en trámites de adopción.
Velázquez ya había sido destituida de su cargo por un jurado de enjuiciamiento en el año 2017, luego de que salieran a la luz las graves denuncias sobre el funcionamiento de su juzgado. Aquella remoción abrió el camino para la investigación penal que ahora culmina con esta condena de ejecución efectiva.
“Vayan a buscar panzas”
De acuerdo con lo revelado por fuentes vinculadas al expediente judicial, la propia exmagistrada habría confesado las maniobras ilícitas durante el proceso. En su declaración, admitió haberle ordenado a dos trabajadoras sociales de su equipo de confianza que recorrieran los asentamientos y barrios de mayor vulnerabilidad socioeconómica del partido de Pilar con un objetivo específico: localizar a mujeres jóvenes que cursaran embarazos avanzados y que estuvieran dispuestas a entregar a sus hijos recién nacidos a cambio de un beneficio económico.
Los testimonios recolectados a lo largo de la investigación ratificaron que la directiva de la exjueza hacia sus subordinadas era explícita y sistemática, utilizando la cuestionable frase “vayan a buscar panzas” para referirse a la captación de madres en situación de extrema necesidad. Posteriormente, los bebés eran entregados a familias de elevados recursos económicos que buscaban adoptar de manera inmediata, eludiendo los canales legales, las listas oficiales de aspirantes y los tiempos establecidos por el Registro de Adoptantes de la provincia.
La sentencia dictada marca un precedente en la sanción a la corrupción dentro de los fueros sensibles de la Minoridad y Familia, ratificando la gravedad de la utilización de las estructuras del Estado para la mercantilización de procesos de adopción.
