
Revés para la "motosierra": la Justicia federal frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI
NACIONALES
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A partir de un amparo presentado por ATE, un juzgado de San Martín dictó una medida cautelar que suspende temporalmente la resolución del Gobierno de Javier Milei que ordenaba la baja de prestaciones clave.
La Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó parcialmente la aplicación de la resolución del Gobierno nacional que ordenaba el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El fallo impone un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en el mes de abril, la cual contemplaba la baja definitiva de diversas prestaciones técnicas, de certificación y de asistencia industrial clave que brinda el organismo estatal a todo el entramado productivo del país.
La decisión judicial fue dictada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a partir de una medida cautelar impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Mediante este dictamen, el magistrado dispuso de forma obligatoria la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del instituto.
"Motosierra" oficialista vs. impacto operativo y laboral
Desde la administración del presidente Javier Milei se había fundamentado que el objetivo principal de la Resolución 42/2026 era avanzar en una “simplificación administrativa” y reducir costos operativos, enmarcando la medida dentro del denominado plan "motosierra" de reestructuración y ajuste fiscal del Estado. Sin embargo, el fallo judicial hizo lugar parcialmente a los reclamos de los sectores gremiales y los propios trabajadores del instituto, quienes venían advirtiendo con urgencia sobre el severo impacto que el cierre masivo de áreas tendría tanto en la pérdida de puestos laborales como en el normal funcionamiento operativo del INTI.
De esta manera, la resolución del juez Tezanos Pinto otorga una protección provisoria de carácter urgente a todas las áreas e infraestructuras que resultaban alcanzadas por el plan de baja, resguardándolas mientras los tribunales continúan con la discusión de fondo respecto a la legalidad constitucional de la medida oficial.
La palabra de los gremios ante el fallo
Tras conocerse el dictamen, los representantes sindicales celebraron la resolución judicial. “La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, detalló al respecto Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El referente gremial remarcó con preocupación que el cierre pretendido por el Ejecutivo afectaría de manera directa capacidades técnicas de carácter estratégico para el país, vinculadas estrictamente a los controles de calidad, los procesos de certificación internacional y la asistencia cotidiana a pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Asimismo, desde el sindicato señalaron que el desmantelamiento de estos servicios podría acarrear graves consecuencias sobre múltiples actividades de la industria nacional que dependen operativamente de las prestaciones del organismo. Aguiar concluyó afirmando que la cautelar "es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.














