El escándalo por la aprobación de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) sumó un nuevo capítulo judicial. Yamil Castro Bianchi, representante legal de Martín Migueles, presentó un escrito ante el fiscal federal Franco Picardi con un objetivo claro: quebrar el vínculo entre su defendido y los funcionarios públicos que debían autorizar el flujo de divisas.
La investigación judicial intenta determinar si existió una organización dedicada a cobrar comisiones en el mercado informal (estimadas entre el 11% y el 12%) a cambio de garantizar el acceso rápido al mercado oficial de cambios (MULC), un recurso escaso y altamente regulado durante el kirchnerismo.
La estrategia de la defensa
Para Castro Bianchi, lo que la fiscalía interpreta como tráfico de influencias es, en realidad, una tarea de asesoría y gestoría. El abogado comparó la actividad de Migueles con la venta de un vehículo de lujo: "Si él lo vende, se lleva una comisión", graficó, intentando normalizar los porcentajes mencionados en las escuchas telefónicas.
Los puntos centrales del descargo defensivo:
Sin lazos oficiales: La defensa sostiene que Migueles "nunca tuvo contacto con ningún funcionario público de ningún área".
Audios bajo la lupa: Respecto a las grabaciones donde se escucha a Migueles decir "Esa la saco al toque", el abogado afirmó que se refería a trámites realizados por profesionales (contadores o abogados) y no al pago de sobornos.
Presentación voluntaria: "Vinimos a dar la cara y a dar explicaciones", subrayó el letrado, quien además sugirió nuevas medidas de prueba para respaldar su postura.
El nexo con Elías Piccirillo
Un tramo sensible de la causa vincula a Migueles con el financista Elías Piccirillo. Castro Bianchi no negó el vínculo, pero le dio un tinte estrictamente privado: confirmó que eran "amigos y socios" con negocios en común.
Cabe recordar que Piccirillo está bajo la lupa por su relación con presuntas maniobras de inteligencia interna y grabaciones clandestinas que involucran a otros financistas y funcionarios del Banco Central. La Justicia busca determinar si esos registros eran parte de un esquema de extorsión o si servían para aceitar el mecanismo de aprobación de importaciones.
La cadena de intermediación
Para la fiscalía, la estructura no era tan simple como una gestoría. Los investigadores detectaron una cadena de tres eslabones:
Captadores: Contactos que acercaban a empresas urgidas por importar.
Nexos operativos: Rol que le asignan a Migueles como coordinador de los pedidos.
Gestores de influencia: Personas con supuesta capacidad de lobby o llegada directa a las oficinas donde se firmaban las autorizaciones.
Mientras el expediente avanza en Comodoro Py, la defensa de Migueles apuesta a que las "aclaraciones" logren separar el cobro de honorarios de la figura penal de cohecho. Por ahora, la Justicia mantiene la lupa sobre los audios que, lejos de la interpretación defensiva, parecen describir una ventanilla paralela para el acceso a los dólares del Estado.
