La justicia de Bolivia suspendió el inicio del juicio contra Evo Morales por presunta trata de una menor debido a que el expresidente no se presentó ante el tribunal. Por esta razón, las autoridades renovaron la orden de captura en su contra.
El Ministerio Público acusa a Morales de mantener una relación y tener una hija con una chica de quince años durante su mandato presidencial. Según el expediente, los padres de la joven habrían consentido estos hechos a cambio de recibir beneficios.
Desde octubre de 2024, las autoridades judiciales buscan al exmandatario. Actualmente, de acuerdo a la información de AFP, él se encuentra resguardado por miles de campesinos que organizan guardias para evitar que la policía lo detenga, en la región cocalera del Chapare, su bastión político.
El fiscal a cargo del caso, Luis Gutiérrez, anunció en conferencia de prensa que el juicio quedó suspendido hasta que Morales y la madre de la presunta víctima, quien también enfrenta cargos, "comparezcan o se hagan comparecer por la fuerza pública".
En enero de 2025, la Justicia declaró a Morales “en rebeldía” tras no asistir a una audiencia para evaluar su prisión preventiva. Esta condición impide que el proceso judicial avance sin la presencia del acusado.
Ante la ausencia injustificada, el Poder Judicial reafirmó la situación de rebelde y emitió nuevas órdenes tanto de arresto como de prohibición para salir del país, aunque ya existían medidas similares vigentes. El cumplimiento de estas órdenes ahora depende exclusivamente de la Policía Nacional, según explicó Gutiérrez.
El abogado de Morales, Wilfredo Chávez, informó el viernes pasado que ni el expresidente ni su defensa asistirían al juicio, ya que no fueron notificados correctamente. Según indicó, la citación se realizó mediante una publicación oficial en medios escritos y no en el domicilio del acusado.
La defensa rechaza las acusaciones y denuncia que existe una persecución judicial motivada por el gobierno del presidente actual, Rodrigo Paz. La semana anterior, mediante X, Morales expresó: “No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”.
