Causa Cuadernos: tres empresarios se retractaron y denunciaron presiones al declarar como arrepentidos

Se trata de Mario Rovella, Oscar Sansiñena y Guillermo Escolar, quienes habían declarado como arrepentidos en 2019.

En el marco del juicio oral por la causa Cuadernos, tres empresarios que habían admitido el pago de sobornos se desdijeron de sus declaraciones iniciales y afirmaron que mintieron por temor a ser detenidos.

Durante una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7, los imputados revisaron sus testimonios brindados en la etapa de instrucción ante el entonces juez Claudio Bonadio, fallecido en 2020. En la jornada de este martes también fueron convocados Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela, aunque estos últimos optaron por no declarar.

Rovella, titular de Rovella Carranza SA, negó los cargos en su contra y sostuvo que nunca entregó dinero al financista Ernesto Clarens. Según explicó, su confesión original respondió a la intención de evitar la prisión. Incluso, dejó asentado en un acta notarial del 28 de febrero de 2019 su decisión de “no decir la verdad”, documento que fue incorporado al expediente.

El empresario describió el contexto en el que declaró como arrepentido como una “situación de coacción psicológica". “Se me hizo saber que, si no declaraba en ese sentido, sería privado de mi libertad. En esas condiciones, no tenía nada de lo cual arrepentirme, porque los hechos simplemente no habían ocurrido”, afirmó ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

En la misma línea, remarcó: “El dinero que se me atribuye haber entregado nunca existió. También se ha afirmado que en dos oportunidades transportamos dinero; eso tampoco es cierto”.

Por su parte, Guillermo Escolar calificó su declaración previa como “un invento” y apuntó a presuntas presiones en el juzgado. Junto a Sansiñena, dejó constancia en un acta notarial al día siguiente de su indagatoria inicial. Ambos admitieron haber tenido vínculo con Clarens y mencionaron conversaciones sobre posibles aportes para la campaña de 2011, aunque negaron haber realizado pagos.

“Todos quedaban presos y cuando cambiaban su declaración y decían que habían pagado a Clarens, quedaban libres”, sostuvo Escolar.

La investigación se inició a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, donde se detallaba un supuesto esquema de recaudación ilegal ligado a la obra pública durante más de una década.

Según la acusación, Cristina Kirchner y exfuncionarios impulsaron “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

Además, se señala que “el sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.

FUENTE: BORDER PERIODISMO