En medio de la investigación por el caso del vigilador que se prendió fuego durante un reclamo salarial en Rosario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, admitió que el uso de la pistola Taser en ese contexto “no se recomienda”.
El funcionario reconoció que existe la posibilidad de que la descarga eléctrica haya influido en el inicio del fuego, aunque aclaró que también hay otras hipótesis que deberán ser analizadas por la Justicia.
Un hecho bajo investigación por posible violencia institucional
El episodio, que dejó al trabajador en estado crítico tras sufrir graves quemaduras, es investigado por la unidad fiscal de Violencia Institucional, que busca determinar si hubo un uso indebido del arma por parte del personal policial.
Según explicó el ministro, la investigación contará con elementos clave como las imágenes de la bodycam del agente y los registros técnicos del dispositivo, que permiten reconstruir cómo y cuándo se aplicó la descarga.
Protocolos claros, pero decisiones en segundos
Cococcioni fue categórico al referirse a los protocolos: el uso de Taser está condicionado a múltiples variables, entre ellas la presencia de materiales inflamables, la altura del objetivo o el entorno en el que se produce la intervención.
En ese sentido, reconoció que lo ocurrido “prende una luz amarilla” sobre la utilización del arma, al tratarse de un escenario donde su aplicación no está recomendada.
Entre la teoría y la calle
El ministro remarcó que la provincia se encuentra en una etapa piloto, con un número limitado de dispositivos y personal capacitado específicamente para su uso.
Sin embargo, el caso vuelve a poner en discusión la distancia entre los protocolos teóricos y las decisiones que deben tomarse en la calle, en situaciones extremas y de alta tensión.
Una señal de alerta que excede el caso puntual
Más allá de lo que determine la Justicia, el propio reconocimiento oficial marca un punto sensible: incluso dentro del gobierno se admite que existen escenarios donde el uso de estas armas puede resultar inadecuado.
El episodio no solo abre interrogantes sobre la actuación policial, sino también sobre la implementación de estas tecnologías, la capacitación y el respaldo real con el que cuentan los efectivos al momento de intervenir.
Porque cuando un protocolo dice “no se recomienda”, pero la situación ocurre igual, el problema deja de ser técnico y pasa a ser estructural.
FUENTE: APROPOL
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