El fiscal general ante la Cámara Federal porteña,José Agüero Iturbe, pidió que se reabre la causa contra el ex presidente de la NaciónMauricio Macriy contra los ex y actuales ministrosLuis Caputo y Federico Sturzenegger, entre otros, para que se siga investigando el acuerdo que el entonces gobierno firmó en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.100 millones de dólares.
Fuentes judiciales informaron aClarínque Agüero Iturbe presentó un escrito en el que ratificó la apelación del fiscal federalFranco Picardipara que se revoque el archivo de la causa. La Fiscalía General compartió todos los fundamentos y adhirió al planteo.
Con esa presentación, desde este martes los jueces de la Sala I de la Cámara Federal,Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quedaron en condiciones de resolver si confirman el archivo de la causa o la reabren. Con un dato central:el fiscal Picardi señaló en su apelación que el expediente está en condiciones para que se cite a indagatoria a los acusados.
La causa se inició en 2019 por la firma un año año antes del acuerdo del gobierno de Macri con el FMI por el que recibió un préstamos de57.100 millones de dólares. Se investiga si se cometieron irregularidades y cuál fue el destino de los fondos.
Fueron imputados Macri, Caputo y Sturzenegger, actuales ministros de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, respectivamente, del gobierno deJavier Milei.Ambos fueron presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando se firmó el acuerdo. Sturzenegger de 2015 a 2018 y Caputo en un tramo del 2018. Previamente, Caputo había sido ministro de Finanzas. También el ex ministro de HaciendaNicolás Dujovne, el ex jefe de Gabinete de la NaciónMarcos Peña, el ex presidente del BCRAGuido Sandlerisy ex funcionarios de esa entidad y del Ministerio de Finanzas.
A principio de febrero, la jueza federalMaría Eugenia Capuchettiarchivó la causa.La magistrada entendió que se trató de una decisión política que no se puede judicializar."No se advierte, a esta altura de la encuesta, la acreditación de extremos que permitan afirmar, con la entidad suficiente, la existencia de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público", resolvió.
El fiscal Picardi apeló porque consideró que la causa debe seguir bajo investigación y porque hay elementos para citar a indagatoria a los acusados. "Existe una posible plataforma criminal que ha podido ser acreditada a lo largo de la investigación, tal como se ha mencionado, que amerita, incluso, continuar con la pesquisa yavanzar hacia nuevas instancias procesales, como los llamados a indagatorias de las personas mencionadas”,señaló.
Para el fiscal está acreditado que se cometió el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos porque se incumplieron una serie de normas vinculadas al trámite de los acuerdos con el FMI, entre ellas la Constitución Nacional.
También explicó en su apelación que se debe profundizar la investigación respecto a una posible administración fraudulenta ante lafuga de parte de los dólaresdel acuerdo hacia sectores privados. La Fiscalía señaló que hay"relaciones viciadas que se desarrollaron entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el BCRA"y que hubo disposiciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central que autorizaron transferencia de capitales que no eran el propósito del acuerdo.
Cuando la apelación llegó a la Cámara Federal el fiscal general Agüero Iturbe primero mantuvo ese planteo, clave para que el tribunal pueda intervenir. Ahora lo que hizo fue acompañar los fundamentos del fiscal de primera instancia porque"abordan con precisión y suficiencia los distintos aspectos de la cuestión controvertida".
"Así, en el escrito impugnatorio se ha detallado acabadamente las conductas desplegadas, la participación de quienes considera responsables en el suceso investigado, como así también las pruebas que considera acreditan los hechos denunciados, a esas expresiones me remito en un todo en razón de brevedad", agregó.
En esa línea, Agüero Iturbe le solicitó a la Cámara Federal que revoque el archivo de la causa.