Con la presencia de 40 legisladores en el recinto, el oficialismo logró reunir el quórum necesario y dio inicio a una sesión clave en el Senado, en la que se debate la reforma laboral y el proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El proyecto penal fija penas de hasta 15 años para adolescentes de 14 a 18 años por crímenes graves, crea institutos especiales y prioriza a las víctimas con asistencia psicológica. Santilli subrayó el compromiso del Gobierno de proteger a la sociedad.
Tras siete horas de debate, el Senado sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. La ley, impulsada por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, baja la edad de imputabilidad a 14 años y quedó a la espera de su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
El intenso debate en la cámara alta
José Mayans, jefe del bloque justicialista, abrió el fuego opositor: “No tiene nada de moderna, restringe derechos fundamentales a los trabajadores”. Criticó el fondo FAL por “robarle 2.500 millones de dólares a los jubilados”, afectando pensiones y elevando impuestos a trabajadores. “Es una ley que viola la Constitución y tratados internacionales”, remató, anunciando el rechazo total de su espacio.
El senador de La Libertad Avanza Gonzalo Guzmán Coraita defendió la iniciativa y rechazó que implique un retroceso en materia de derechos. “Se trata de una reforma que tiene pilares claros: la protección integral de los derechos de los adolescentes que delinquen, la prevención del delito, la tutela judicial efectiva de las víctimas y de sus familias, la justicia real y la protección de la sociedad en su conjunto”, sostuvo.
En esa línea, remarcó el alcance histórico del proyecto: “Estamos frente a una jornada histórica porque hoy nos proponemos derogar una ley que rige en nuestro país hace ya 46 años. Nos proponemos reemplazarla por un régimen moderno, integral, especializado de responsabilidad penal juvenil en donde estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso y las demás garantías procesales”.
También desde el oficialismo, la senadora Nadia Márquez afirmó que existe un reclamo social para avanzar con los cambios. "Este es un tema que nos conmueve a todos. La sociedad nos pide que modifiquemos el Régimen Juvenil Penal. No estamos diciendo que un adolescente de 14 años sea un adulto, pero si que comprende la criminalidad del hecho. Educar es poner límites", expresó.
El senador Luis Juez respaldó la iniciativa y la definió como una respuesta a una demanda pendiente. "Esta ley viene a reparar una vieja deuda", aseguró, y agregó que "es una ley que está muy lejos de ser restrictiva". Además, advirtió: "O nos seguimos haciendo los tontos o nos animamos a tomar decisiones".
Por su parte, el senador Gerardo Zamora expresó su rechazo al proyecto y advirtió sobre sus consecuencias institucionales. "Esta ley avanza desde el centralismo hacia las provincias y generan vulnerabilidad institucional", cuestionó. Además, sostuvo que "El Gobierno quiere mostrar que está haciendo reformas, pero esto va contra todo valor establecido y sentido común".
En la misma línea, Jorge Capitanich planteó objeciones vinculadas a la implementación y los recursos necesarios. “Nosotros creemos en la dignidad humana y en que la sensibilidad social de las políticas públicas constituyen la base para garantizar objetivos. Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, afirmó.
En desarrollo...
